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Abren juicio oral contra 50 acusados en el caso 'Astapa' sobre la presunta corrupcin en Estepona

El Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 1 de Estepona (Mlaga) ha decretado la apertura de juicio oral contra 50 acusados en el caso 'Astapa', sobre la presunta corrupcin poltica y urbanstica en dicha localidad, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversacin, cohecho, prevaricacin y trfico de influencias.

Mlaga, 9 de Octubre de 2018


En un auto, el instructor acuerda abrir juicio oral contra los 50 investigados que fueron acusados por la Fiscala -acus a 51 personas pero una de ellas ha fallecido-, y por los delitos que se les achaca "dados los numerosos indicios y presuntos hechos expuestos por el ministerio fiscal en su escrito de acusacin y derivados de la instruccin de la causa".

Asimismo, en dicha resolucin, a la que ha tenido acceso medios de prensa, el juez declara la Audiencia Provincial como rgano competente para el enjuiciamiento del procedimiento en su momento y da un plazo de 60 das, dado el volumen del procedimiento y que se trata de causacompleja, para que las defensas presenten sus escritos.

El instructor insta tambin a que cada procesado preste una fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse. As, pide el afianzamiento de una cantidad global entre todos los acusados y determinadas entidades de ms de 184 millones de euros, para hacer frente a las posibles multas y responsabilidades civiles, tambin las de carcter subsidiario.

Al respecto, algunos abogados han presentado recursos solicitando rectificacin o aclaracin respecto de las fianzas pedidas para sus clientes. As, consideran que en el caso de las cantidades fijadas para hacer frente a las multas se ha incrementado un 30 por ciento la cuanta respecto a lo que pide el fiscal, lo que "cabra hacer nicamente con las cantidades en concepto de responsabilidad civil".

A mediados de septiembre el juez dict otro auto acordando el sobreseimiento respecto de 39 personas, tras haberlo solicitado la acusacin pblica, en su calificacin provisional, de ms de 160 pginas, en el que explicaba la investigacin llevada a cabo sobre el periodo comprendido entre 2003 y mediados de 2007 y las actuaciones municipales realizadas sobre todo en urbanismo.

Adems del exregidor, para el que el fiscal pide diez aos y nueve meses de prisin, multa de un milln de euros e inhabilitacin para empleo pblico durante 38 aos; estn acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, que formaran segn la acusacin los principales responsables; as como empresarios y empleados municipales.

La Fiscala Anticorrupcin estima en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento de Estepona a raz del caso 'Astapa'. As, considera que Barrientos y esos otros principales acusados debern indemnizar de forma solidaria al Consistorio con dicha suma "a integrar en el Patrimonio Municipal del Suelo".

Segn la Fiscala, estos seis polticos, a travs de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades pblicas y privadas de los partidos polticos en coalicin" y tambin presuntamente para beneficio propio.

ACUSACIN.

El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesin de sus cargos "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situacin econmica" en el municipio, pero "en vez de programar polticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto pblico inasumible con los recursos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creacin de una 'Caja B', procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que bsicamente se nutrira de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscala.

Ese pago era "impuesto por vas de presin o mediante prcticas de desviacin de poder auspiciadas por los gobernantes locales", considera el fiscal, aadiendo que las contribuciones "se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y tambin en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales".

Esto dio lugar "a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisin de otros documentos falaces", sostiene la acusacin pblica en sus conclusiones provisionales, sealando que los empresarios "solan aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio".

Por eso, en los aos siguientes, supuestamente, "se normaliz una prctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanstica a una previa negociacin y acuerdo con la cpula de uno u otro partido", de forma que se condicionaba la aprobacin de los instrumentos de desarrollo y transformacin del suelo y la tramitacin de convenios e incluso licencias.

En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento y se han detectado medidas relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del inters pblico, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos", seala el fiscal.



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