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Ms de 110 magistrados secundan la huelga, con ms de 500 juicios suspendidos en Mlaga

Ms de 110 jueces y magistrados han secundado este martes en la provincia malaguea la huelga, que se ha desarrollado a nivel nacional y en la que tambin han participado fiscales. El juez decano de Mlaga, Jos Mara Pez, ha asegurado que en la capital el paro ha tenido una incidencia "masiva, incluso por encima del 90 por ciento" y unos 500 juicios previstos han sido suspendidos.

Mlaga, 22 de Mayo de 2018


Segn el Tribunal Superior de Justicia de Andaluca (TSJA), el nmero de jueces y magistrados de la provincia que les han comunicado.

su decisin de secundar la jornada de paro ha sido 114, de estos, cuatro son de Sala del Tribunal Superior en Mlaga, 21 de la Audiencia y 89 de rganos unipersonales.

Pez, en rueda de prensa, acompaado por la presidenta de la Audiencia malaguea, Lourdes Garca; el fiscal jefe de Mlaga, Juan Carlos Lpez Caballero, y magistrados, ha ledo un manifiesto elaborado a nivel nacional para explicar las razones de esta movilizacin "inevitable".

Entre las reivindicaciones, los jueces y fiscales solicitan unas plantillas adecuadas a las necesidades. As, el juez decano ha indicado que las peticiones para la capital se sitan en torno a los 30 juzgados, aunque tambin se requiere "un refuerzo significativo" en las secciones de la Audiencia provincial.

En el caso de los fiscales, Lpez Caballero ha sealado que llevan pidiendo hace aos un refuerzo de la plantilla, que ha estimado en 15 fiscales, y no slo para la capital sino en toda la provincia, donde, por ejemplo, ha dicho que hay cuatro fiscales en Fuengirola, "que tiene una poblacin de ms de 100.000 personas en su rea de influencia", y lo mismo ocurre en Vlez-Mlaga y Torrox.

"Con eso ya est dicho todo", ha indicado el fiscal jefe, quien ha incidido tambin, como ya ha venido haciendo en las memorias anuales, en la necesidad de aumentar la plantilla de funcionarios de una oficina fiscal "muy mal configurada y peor dotada". "Es una reclamacin histrica, porque pese a esta continua reivindicacin a da de hoy no se ha atendido de forma suficiente", ha sealado.

MANIFIESTO.

En el manifiesto, han recordado que hace diez aos los jueces y magistrados de toda Espaa iniciaron una serie de movilizaciones para la modernizacin de la justicia que culminaron con sendas huelgas judiciales en 2009. "Perdimos el miedo e intentamos trasladar a la ciudadana las deficiencias y necesidades de la justicia espaola", han sealado, lamentando que tras este tiempo, la situacin "no slo no ha mejorado sino que ha empeorado notablemente".

"Es ya evidente que no existe ninguna voluntad poltica por mejorar el funcionamiento de la justicia, que sigue siendo la hermana pobre de las administraciones pblicas", seala el documento ledo, en el que se aade que en este mbito no se han realizado las inversiones que se llevaron a cabo hace ya muchos aos para la modernizacin de otros sectores, como la administracin sanitaria o la tributaria.

Segn el manifiesto, "a la justicia se la mira con desdn a pesar de que se trata de uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y por supuesto el ltimo bastin para la tutela de los derechos ciudadanos", recordando que "por los juzgados pasan todos los conflictos sociales, frecuentemente los ms graves, tanto en el mbito civil, como en el social, el administrativo o el penal".

"Si los juzgados no funcionan con agilidad, ello puede ocasionar enormes perjuicios a las personas y a las empresas", han lamentado, apuntando que pese a todo esto "es ya evidente que la justicia no interesa a los sucesivos gobiernos. Tampoco al actual", recordando la "la fallida Subcomisin del Congreso para un Pacto de Estado por la Justicia".

Reclaman "una inversin suficiente que nos saque de esta situacin de justicia decimonnica y artesanal en la que nos encontramos, en una especie de 'da de la marmota judicial'" y consideran que "es el momento de explicar a los ciudadanos que los jueces carecemos de recursos propios porque dependemos en lo econmico de los restantes poderes del Estado. Somos econmico-dependientes. Y nosotros solos no podemos mejorar nuestro abandonado sistema judicial".

Por esto, sealan que "la justicia en Espaa ser en definitiva lo eficaz que quiera el gobierno de turno", lamentando la inversin en este mbito que recoge los Presupuestos Generales del Estado. As, han recordado que se ha planteado por las asociaciones judiciales y fiscales una serie de propuestas que ahora se avalan con las movilizaciones.

Entre las reivindicaciones estn la despolitizacin del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan de inversin prolongado con incremento de la planta judicial y fiscal y creacin de 300 plazas anuales durante cuatro aos, la dotacin de medios necesarios para la lucha contra la corrupcin y para poder aplicar con una mnima seriedad y eficacia las nuevas leyes procesales como el estatuto de la vctima.

Asimismo, reclaman la creacin de rganos judiciales suficientes, la dignificacin de la situacin de los jueces de las nuevas promociones, el adecuado proceso de digitalizacin "para ayudar al juez en su trabajo en lugar de dificultarlo", la eliminacin "de los recortes que se han llevado a cabo durante la crisis en materia retributiva, vacaciones y permisos, etctera".

"No son reivindicaciones caprichosas o descabelladas: las secundan miles de jueces y fiscales en toda Espaa, y todos ellos no pueden estar equivocados", seala el manifiesto, en el que se precisa que esta movilizacin "no es que sea necesaria, es inevitable e incluso responsable, porque de lo contrario jams saldremos de esta lamentable situacin que lastra uno de los tres poderes del Estado en Espaa".

El objetivo es llegar a una justicia "independiente, moderna y gil, en la que sencillamente los jueces puedan trabajar en condiciones dignas y dedicar a cada asunto el tiempo y el estudio que merece; una justicia que no sea slo poder del Estado sino en la que la referencia sea el ciudadano y elemento nuclear el concepto de servicio pblico".

Por ello, consideran "imprescindibles" las medidas de protesta "ante el autismo de los sucesivos gobiernos" y esperan contar "con la complicidad y el apoyo de los profesionales jurdicos y sobre todo de los ciudadanos", para que "piensen que, bien pensado, las reivindicaciones de los jueces en definitiva son las suyas".



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