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Archivan la causa sobre presuntas irregularidades en ayudas a las unidades territoriales de empleo

El Juzgado de Instruccin nmero 6 de Mlaga ha archivado la causa en la que se investigaban presuntas irregularidades en las ayudas de fondos pblicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnolgico (Utedlt), recogidas en el informe de fiscalizacin de la Cmara de Cuentas de Andaluca correspondiente al periodo 2010-2012.

Mlaga, 14 de Abril de 2018


As consta en un auto, al que ha tenido acceso medios de prensa, en el que se concluye que no queda acreditada la comisin de los delitos de malversacin y prevaricacin, investigados en la causa; sealando que aunque el trabajo de dichos consorcios "pueda considerarse poco eficaz", ello no supone un ilcito penal, quedando "acreditado que se ajustaba a la normativa legal que acord su creacin".

La decisin del sobreseimiento provisional de la causa, que es firme, se produjo tras pedirlo la Fiscala respecto de las seis personas investigadas, entre ellas varios exdelegados provinciales de Empleo, como Juan Carlos Lomea; al considerar que las subvenciones recibidas "fueron destinadas al pago de salarios de personal" y no habiendo datos de que se dirigi a otros destinos.

En este procedimiento se investigaron presuntas irregularidades, recogidas en dicho informe de fiscalizacin, referidas "tanto a la ilegitimidad de la obtencin de las subvenciones" por los consorcios Utedlt analizados "como a la falta de un control de las mismas", cuestionando tambin el pago de incentivos. En Mlaga eran 14 las unidades de empleo.

La Fiscala remiti el caso al juzgado y pidi varias diligencias. Adems, se realizaron informes por parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Polica Nacional, en los que se seal que la documentacin recibida era "insuficiente" para acreditar que se hubieran hecho las actividades correspondientes y concluan que no se poda comprobar la aplicacin de todo el dinero.

S se pudo analizar con la documentacin existente que "los gastos que se realizaron cumplen los requisitos de forma exigidos segn el sistema normalizado" y que "se ajustaban a lo establecido en trminos generales como funciones y trabajo diario" del personal de los consorcios, "no observndose que se hayan destinado a sufragar gastos extraos".

Tras estas averiguaciones, el juzgado determin en su auto que "es cierto que por motivos fundamentalmente del mal funcionamiento de los programas informticos que estaban previstos para el control del funcionamiento de las Utedlt existieron algunas deficiencias en el control y vigilancia de los trabajos efectuados y por quienes deban velar por el correcto funcionamiento de las mismas".

Pero aade que eso "en ningn caso puede determinar la existencia de un fraude de subvenciones o dar lugar al delito investigado", apuntando que los agentes locales de promocin y empleo -conocidos como Alpes- manifestaron en sus declaraciones que ejercan su jornada laboral y que aunque en "muchos casos" el trabajo "era escaso", dedicaban el resto de las horas a labores encomendadas por los consistorios.

En conclusin, el instructor considera que "el hecho de que el trabajo llevado a cabo por los consorcios pueda considerarse poco eficaz o poco prctico en algunas ocasiones no puede servir de base para poder afirmar la existencia de ilcito penal", ya que "ha quedado acreditado que en todo caso se ajustaba a la normativa legal que acord su creacin y regulaba su funcionamiento".



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